Los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad extranjero del Estado, se hubiesen refugiado en país desigual del en que delinquieron.

Si acertadamente existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado internacional con el Estado requirente o Convención Internacional sobre extradición, de la que entreambos estados sean firmantes.

En síntesis, la extradición es un término forense fundamental en el ámbito internacional que permite la entrega de individuos acusados o condenados por delitos a otros países para ser juzgados o cumplir condenas.

El objetivo principal de la extradición es asegurar la cooperación entre países en la lucha contra el crimen y la Equidad penal, permitiendo que los delincuentes no queden impunes y sean llevados en presencia de la Ecuanimidad en el país donde cometieron el delito.

Este tipo de extradición, denominada “pasiva” se da en esos supuestos en los que otro país requiere a España para que le entregue a una persona para juzgarla por un delito o para que cumpla una condena irresoluto. Este procedimiento se regula en la Ralea de Extradición Pasiva, aprobada en 1985.

El principio de justicia establece que la extradición solo puede robar a agarradera si todos los requisitos legales involucrados en el proceso se cumplen.

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Esto significa que el país requirente no puede juzgar a la persona por otros delitos que no estén contemplados en la solicitud de extradición llamativo.

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No obstante, si la persona reclamada estuviera sometida a procedimiento o condena por los tribunales españoles, o sancionada por otros organismos o autoridades españolas, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extinguidas sus responsabilidades en España, o acertadamente efectuarse temporal o definitivamente, en las condiciones que se fijen de acuerdo con el Estado requirente.

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entrega de un presunto criminal generalmente bajo las disposiciones de un tratado o estatuto por una autoridad (como un Estado) a otra que tiene jurisdicción para fallar el cargo